El gobernador del estado de Pernambuco (Brasil), Eduardo Campos Accioli, recibió hace cinco años el cargo con la responsabilidad de sacar a la región del primer lugar de la criminalidad de su país.

Su experiencia exitosa la compartió en el congreso de seguridad ciudadana organizado por el Ministerio de Defensa y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Bogotá.

¿Cuál estrategia le permitió reducir las tasas de criminalidad en el estado de Pernambuco?

Al asumir el gobierno en enero del 2007 teníamos conciencia de que la seguridad pública era uno de nuestros mayores desafíos. Pernambuco era conocido como el estado más violento de Brasil, con una tasa de 59 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Había, además de eso, incredulidad por parte de la población sobre la capacidad del poder público de darle soluciones al problema. Comprendiendo que solo con la movilización de la sociedad y el compromiso de todos podríamos derrotar la violencia, construimos el pacto por la vida, un programa de seguridad que une represión cualificada y prevención social y que hace que la Policía use más la Inteligencia que la fuerza. Invertimos fuertemente en gestión y en el fortalecimiento de la institución policial, al tiempo que innovamos en la prevención con más escuelas de tiempo integral y la ocupación de las áreas más críticas con programas sociales. Cinco años después, todavía hay mucho por hacer, pero Pernambuco ya no es el estado más violento de Brasil. Las muertes violentas se redujeron en más del 40 por ciento en la región metropolitana de Recife (capital) y la tasa de homicidios en el estado cayó a 38 por cada 100.000 habitantes. La principal acción fue el fortalecimiento de la investigación de los homicidios en articulación permanente entre la policía civil y la policía militar. Invertimos mucho en la adquisición e implementación de instrumentos de información y monitoreo. Buscamos también dar más fuerza al control de los niveles centrales de gobernantes, además de procurar una interlocución cada vez mejor con el poder judicial y el ministerio público. 

¿Cuál es su meta principal en materia de seguridad?

El pacto por la vida tiene como meta prioritaria la reducción de muertes violentas y de homicidios en un 12 por ciento al año, entendiendo que el crimen contra la vida es aquel que hiere de forma más dolorosa a las familias y a la propia sociedad. Por eso, la propia implementación de la política debe llevar a combatir todas las formas de manifestación criminal. Hemos logrado reducir de manera importante crímenes contra el patrimonio y el porte ilegal de armas, por ejemplo.

¿Hay concentración del crimen por zonas?

De hecho hay concentración de hechos criminales en las zonas más deprimidas de las ciudades, principalmente en los alrededores de Recife y de las ciudades mayores. La combinación de acciones de Inteligencia para descubrir crímenes de bandas organizadas y la colaboración de la ciudadanía han hecho que regiones inseguras pasen por grandes transformaciones. Algunos ejemplos emblemáticos son el barrio Santo Amaro, en Recife, y el Alto de Moura, en Caruaru, que eran zonas entregadas a la criminalidad y que hoy están completamente pacificadas, con todos los servicios públicos en funcionamiento. La población es amiga del poder público en la construcción de un ambiente de paz.

¿Cómo opera la Policía en Pernambuco?

Hay dos tipos de organización policial: la policía judicial, llamada policía civil, que se encarga de la investigación criminal y de la elaboración de los interrogatorios encaminados al poder judicial, y la policía militar, de tiene la responsabilidad de las acciones preventivas y disuasivas.

¿Han detectado corrupción en las autoridades?

La creación de una entidad de supervisión externa a la Policía, con muchos más instrumentos de selección, ha desestimulado que los uniformados se involucren en acciones criminales. Está dividida en 23 comisiones de disciplina y está estructurada para tener alcance en el territorio estatal. Más de 200 policías fueron capturados y retirados en los últimos cinco años.

¿Qué clase de tecnología usan para mejorar la seguridad?

La región metropolitana de Recife dispone del mayor número de cámaras de video de monitoreo de la Policía de Brasil. Son más de 250 equipos sin contar con las decenas de cámaras instaladas por escuelas, centros comerciales y fábricas. Los equipos están intercomunicados con la central de la Policía. Al final del año tendremos 800 cámaras de video que permitan un control absoluto del área urbana de las ciudades principales, incluso, de los accesos viales. Además de eso, más de 2.000 presos en libertad vigilada portan manillas electrónicas, que permiten el seguimiento a sus movimientos en tiempo real. También hay cuadrantes de Policía con barreras virtuales, que delimitan los territorios y facilitan el control de las áreas donde más ocurren crímenes, ya que los uniformados no pueden salir de esas zonas. Por decisión judicial y con el acompañamiento del ministerio público realizamos acciones de investigación por medio de monitoreo e interceptación de las comunicaciones telefónicas de los criminales.

¿La ley local es ejemplar con los delincuentes capturados?

Aunque se hacen ajustes al Código Penal de Brasil, el mayor problema está en la capacidad del aparato judicial de hacer efectiva la aplicación de penas. Hace cinco años, de cada 100 crímenes practicados apenas tres eran completamente resueltos con la identificación y el castigo de los autores. Los esfuerzos mancomunados de la sociedad y de los poderes públicos ha aumentando la eficacia del sistema pero aún hay un trabajo por hacer, pues la mayor parte de la población carcelaria está conformada por presos que esperan una sentencia.

Pernambuco tiene una población similar a Bogotá

Con cerca de 8 millones de personas -una población similar a la de solo Bogotá-, Pernambuco es el séptimo estado más habitado de Brasil. Está ubicado en el nororiente de ese país y su capital, Recife, cuenta con un millón y medio de pobladores en su área urbana.

"Tomado de Diario el Tiempo" Link