Antecedentes

En Octubre de 2005 se reunieron en Quito un grupo de expertos en violencia para proponer la construcción de una "Red de indicadores de violencia, crimen y percepción de seguridad", reunión en la que participaron representantes de:

 

Ecuador: Ministerio de Gobierno y FLACSO.

 

Colombia: Departamento de Planeación Nacional y CISALVA

Perú: Dirección de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Defensa Legal. –IDL

Bolivia: La Dirección Nacional Seguridad Ciudadana y el Observatorio Democracia y Seguridad Ciudadana de la Universidad de San Andrés.

Venezuela: Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Caracas.

 

La propuesta construida fue presentada al Banco Interamericano de Desarrollo con miras a obtener recursos del Programa Bienes Públicos Regionales y de esta forma dar respuesta a problemas como (i) la multiplicidad de indicadores para describir los casos de criminalidad y violencia; (ii) la existencia de diversas fuentes no conciliadas para los mismos temas o territorios; (iii) la diversidad de definiciones, mecanismos y tecnologías para producir información y (iv) la interpretación de los términos que tanto la jurisprudencia como las instituciones, han ido delimitando en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

 

No obstante, la propuesta no fue aprobada como estaba presentada y el Banco financió una nueva reunión regional por iniciativa de Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Honduras y Colombia, para revisar y mejorar la propuesta. Dicha reunión se llevó a cabo los días 13 y 14 de septiembre 2006 en Bogotá, Colombia.

 

Por tanto, con el fin de avanzar en acciones concretas para mejorar los problemas identificados, se presentó el Proyecto Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana al Banco Interamericano de Desarrollo, que se aprobó en octubre de 2007 y comenzó a ejecutarse en febrero de 2008.